Marine Le Pen (Neuilly-sur-Seine, 1968) ha sido, durante años, la cabeza más visible y relevante de los movimientos euroescépticos en todo el continente. La política francesa ha sido (y es) no poco popular en el país galo: según la reciente encuesta de Ipsos, es la potencial Candidata a la Presidencia en 2027 con mayor valoración, con un 32% de opiniones favorables, pero en un escenario descontento en que la media de aprobación de todos los candidatos apenas llega al 25%. Además, según la encuesta de IFOP de la semana pasada, un 47% de los franceses considera que Le Pen entiende las vidas de los ciudadanos franceses, más que ningún otro político de la encuesta.

Sin embargo, Le Pen genera también sentimientos encontrados: casi el 40% de los franceses dicen tener una fuerte desaprobación hacia ella, siendo un total del 53% los que, de una forma u otra, la desaprueban, lo cual explica que, a pesar de poseer una sólida base de votantes, haga que se genere un rechazo en su contra y movilice a un electorado tanto en contra de su persona como en contra de su partido, Reagrupación Nacional. Es, por tanto, fácil afirmar que Le Pen es una figura profundamente divisiva, que no deja a nadie indiferente; porque o la odias o la amas.

Como buena figura polémica, Le Pen no podía estar exenta de juicios; es aquí donde entramos al caso de corrupción que ha azotado a su partido, concretamente a sus representantes en el Parlamento Europeo, con un escándalo en el que, presuntamente, habría habido una desviación del dinero destinado a asistentes parlamentarios, valorado en 4,5 millones euros, para destinarlo a trabajos dentro de su partido, actuación prohibida por las normativas de las instituciones europeas. La acusación no sólo salpica de lleno a Le Pen como principal acusada, sino que afecta también a los otros 24 ex-parlamentarios europeos provenientes de su formación en la anterior legislatura del Parlamento Europeo (2019-2024).

Según apuntan los fiscales que llevan el caso, existirían centenares de pruebas en forma de declaraciones, testimonios y correos electrónicos que evidenciarían esta práctica ilegal, mientras que los diputados ultras franceses argumentan que no eran más que unas prácticas, lo cual es totalmente legal y permisible bajo las capacidades de los parlamentarios europeos, cosa que, según el abogado representante del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, "no se sostiene".

En caso de salir culpable, cosa que ya dan por hecha en la Fiscalía francesa, Le Pen podría enfrentarse a tres penas: una multa de 300.000 euros, una pena de entre 2 y 5 años de cárcel, y 5 años de inhabilitación, lo cual imposibilitaría su candidatura de cara a las Elecciones Presidenciales que, si no hay imprevistos, deberían celebrarse durante la primavera de 2027; además, el Ministerio Público francés ha pedido también la condena tanto a otros 26 miembros de su partido como a la Agrupación Nacional como persona moral por este uso indebido de los fondos del Parlamento Europeo. La sentencia, sin embargo, no se sabrá hasta principios de 2025, a pesar de que la Fiscalía ha pedido condenarla cuanto antes.

No será la primera vez que se da un juicio de este tipo: hace 2 años, miembros del partido MoDem, parte de la coalición de gobierno del Presidente Emmanuel Macron, fueron condenados por exactamente esto mismo, salvo que, a diferencia del caso de Le Pen, no había pruebas para condenar a su líder del momento. Tampoco será la primera investigación que la Fiscalía abre a Le Pen y a su partido, siendo la primera sobre la presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2022.

Y como ocurrió con su anterior investigación, Le Pen, a pesar de ponerse en manos de la justicia, pone en duda a la Fiscalía y critica su mala intención, acusándola de querer prevenir su siguiente candidatura presidencial, de la cual podría salir victoriosa según algunas encuestas. Las potenciales consecuencias de esta investigación y su sentencia sobre Le Pen y su partido no sólo podría dejarles fuera del juego político, sino que también podría afectar profundamente a su imagen, acabando con varios años de gran popularidad de la política de ultraderecha.

La investigación sigue en marcha, en medio de una situación de profunda inestabilidad política, con un Presidente de la República y un Primer Ministro profundamente impopulares, una sociedad polarizada, una izquierda fragmentada, una coalición de gobierno inestable, y un enorme desencanto por la política en general.

No sabemos qué impactos puede tener este juicio, ya sea por la aceptación de la sentencia o por considerar que el sistema teme a Le Pen y reforzarla como una mártir; pero lo que sabemos es que todo indica a que Le Pen y los suyos, o al menos sus bolsillos, no les parece tan mal la Unión Europea.