OPINIÓN | ¿Qué hacen los gobiernos ante la catástrofe?

La respuesta legislativa a la DANA

Pedro Sánchez, en una comparecencia en Moncloa este lunes / Agencia EFE
A pesar de la tardanza para intervenir, el Gobierno se ha puesto manos a la obra y ha aprobado una serie de medidas e inversiones para legislar y paliar el impacto de la catástrofe de la DANA en Valencia. ¿Qué nos ofrece el ejecutivo PSOE-Sumar?

La respuesta legislativa a la DANA


En las manifestaciones y críticas a la acción de los políticos respecto a la gestión de la DANA, cabe destacar que es una opinión generalizada la lentitud de las autoridades, bajo varias acusaciones directas de inacción; es inevitable admitir, por otra parte, que han sido miles y miles de voluntarios los que han cumplido con las labores de limpieza en tantísimos pueblos de Valencia afectados por el barro. Esto ha llevado de forma directa a que no sean pocos los que reclaman dimisiones, tanto en el ejecutivo autonómico valenciano como en el central. Esta aparente inacción parece estar terminando: nos enterábamos hace unos días que los Presupuestos Autonómicos de la Comunidad Valenciana saldrían gracias al apoyo del Partido Socialista, en un intento de aligerar la labor legislativa y la acción del gobierno de Mazón, el que sea, seguramente, la figura más criticada en este conflicto.

Así mismo, el gobierno central tampoco sale impune de críticas por su inacción, cosa que, al igual que el ejecutivo valenciano, parece querer paliar con este paquete de medidas de urgencia. ¿De qué se tratan estas medidas? Tras un primer Real Decreto-Ley que movilizaba un total de 10.600 millones de euros en ayudas urgentes, este segundo paquete de medidas, una inversión valorada en 3.765 millones de euros, estará enfocado en la reconstrucción de las infraestructuras dañadas e impulsar de nuevo a las empresas afectadas por la DANA. Junto a estas inversiones, que según fuentes del gobierno podrían ascender hasta los 60.000 euros por inmueble afectado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado unas medidas de "escudo social", en las que, según números del gobierno, unos 100.000 trabajadores podrán mantener el 100% de su sueldo en un ERTE bajo ciertos supuestos, como pudieran ser la desaparición o fallecimiento de familiares de primer o segundo grado, o la imposibilidad de acceso al entorno laboral. Además, este "Escudo social" prohibirá, a las empresas beneficiaras de las ayudas del Gobierno, despedir a ninguno de sus empleados por causas objetivas, lo cual la Vicepresidenta ha calificado como "prohibido despedir".

Siguiendo esta línea de regulaciones de carácter laboral, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una reforma del régimen para el acceso a la baja laboral por motivo especial de la DANA, así como mejoras en las pensiones y acceso al paro parcial a los autónomos cuya facturación se de en las localidades afectadas por la DANA, incluso si estos siguen realizando su actividad. En la línea de ayuda a las viviendas, Sánchez ha anunciado una serie de excepciones para los pagos hipotecarios durante hasta 3 meses, y que se prohibirán hasta 2026 los cortes de energía en los hogares de los municipios afectados por la DANA. Otras inversiones relevantes serán las valoradas en 500 millones para financiar medios que retiren las toneladas de restos de lodo y otros desprendimientos con el fin de "recuperar la normalidad", los 1.000 millones de euros en créditos ICO para ayudar a empresas y familias, y los 440 millones en ayudas al sector agrícola valenciano para recuperar la producción de las más de 70.000 hectáreas afectadas por la DANA.


¿Y cómo se paga esto?

Con el fin de financiar estas medidas, el Gobierno, en marcha para intentar aprobar las cuentas de 2025, ha comenzado proponiendo una serie de medidas fiscales impositivas con las que prevé aumentar los ingresos a las arcas públicas. Entre estas medidas, encontramos el mantener el impuesto extraordinario del 3% a la banca, un impuesto mínimo del 15% a los beneficios de multinacionales y grandes empresas, aumentar el % de recaudación al tramo de IRPF por encima de los 300.000 euros, introducir IVA del 21% para apartamentos turísticos, o un impuesto adicional a los bienes de lujo.

Estas nuevas medidas nos dejan con varias preguntas ¿Podrán estas medidas llenar el hueco en las arcas públicas que dejan las ayudas contra la DANA? ¿Qué planes traerán las cuentas autonómicas valencianas? Por ahora, seguiremos esperando a conocerlas, con la esperanza en que puedan ayudar a todas las personas posibles y que todas las personas afectadas puedan retornar a la normalidad.